Los dos bloques políticos dorreguenses se mostraron a favor de la universidad pública y de la marcha que se hizo en su defensa

Dos proyectos relacionados con las universidades públicas y la marcha en favor de ellas, presentaron los bloques de UCR – Juntos por el Cambio y Unión por la Patria en el Concejo Deliberante.

La bancada del oficialismo propuso adherir proyecto de declaración de la Cámara de Diputados de la Provincia en apoyo a la marcha nacional.

«El Consejo Interuniversitario Nacional, en conjunto con la Federación Universitaria Argentina, Sindicatos Docentes, no docentes, y demás organizaciones, convocaron a la Marcha en cuestión, para el día martes 23 de abril del corriente. Dicha Convocatoria se hace extensiva a todas las ciudades donde las Universidades Públicas, tanto Nacionales como provinciales, tienen sus sedes y su consiguiente radio de influencia territorial», según se argumentó en el proyecto de resolución, aprobado por unanimidad.

Agrega que según lo establecido por la Constitución Nacional en su Artículo 75, inciso 19, faculta como único espacio de discusión del presupuesto para las Universidades Nacionales al Congreso de la Nación.

«Este mecanismo es fruto de una lucha histórica del movimiento universitario que garantiza el principio de autonomía universitaria, precepto trascendental para el desarrollo del sistema de educación superior en su conjunto. Las Universidades Nacionales actualmente están funcionando con un presupuesto de prórroga, que fuera proyectado para el año 2023, en noviembre de 2022», se puede leer en otro considerando de la iniciativa oficialista.

También menciona que el contexto inflacionario generó una depreciación considerable en dichas partidas presupuestarias, ya que estamos atendiendo a una inflación interanual que registró un 287,9% en el mes de marzo

«Dicho fenómeno atenta directamente contra los gastos de funcionamiento de las Casas de Altos Estudios. Con el presupuesto actual, dichas instituciones no podrían cubrir los gastos pautados, peligrando su normal funcionamiento. Según consta en el documento publicado en el sitio Web de la Universidad Nacional del Sur, ‘l presupuesto universitario de este año es el más bajo desde que se lleva registro (1997) y la caída interanual en su ejecución fue del 34,4 %, según detalló un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)’”, añade el texto.

«De continuar la situación descripta, dicho destino de cese de actividades puede hacerse extensivo al resto de las Universidades. Resulta inconcebible para cualquier Nación que tenga un proyecto de desarrollo, el darle la espalda al sistema universitario público, ya que es un garante, no sólo de movilidad social ascendente, si no también de una consolidación del desarrollo científico, cuestión ineludible para planear un crecimiento sostenible, en todas las áreas de acción», completa.

La iniciativa de UXP

La resolución del bloque de Unión por la Patria solicita que el Concejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal expresen «su profunda preocupación y repudio por la situación presupuestaria que atraviesan las Universidades Nacionales, ante la falta de actualización de las partidas presupuestarias previstas para el año 2024, e insten al Poder Ejecutivo Nacional a proponer una solución real que garantice la continuidad de las actividades universitarias y la educación pública en todos sus niveles».

Estos son los fundamentos:

*La Constitución Nacional establece en su Artículo Nro. 14 que todos los habitantes de la Nación gozan del derecho de enseñar y aprender, y que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con rango constitucional desde la Reforma de 1994, reconoce el derecho de toda persona a la educación, considera que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, y determina que la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos.

*La Ley de Educación Nacional Nro. 26.206 declara que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social que deben ser garantizados por el Estado, para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.
Que, asimismo dicha normativa establece que el Estado tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho; y que por tal motivo, entre 2003 y 2015 se crearon diecisiete instituciones universitarias, y en igual sentido se triplicó el presupuesto universitario y se amplió sin precedentes la inversión en infraestructura.

*La educación pública universitaria argentina se fundamenta en los principios de gratuidad, autonomía, laicidad e inclusión social, con el compromiso de mantener la excelencia académica, la promoción de la investigación y la responsabilidad hacia la sociedad, necesitando una financiación adecuada para llevar a cabo sus actividades;
Que, muy por el contrario, debido a las políticas adoptadas por el Gobierno de Javier Milei, que ocasionan la grave crisis por la que atraviesa nuestro país, hoy se pone en riesgo la posibilidad de que las Universidades Nacionales continúen normalmente con sus funciones, generando una profunda incertidumbre y preocupación en toda la comunidad educativa toda.

*El presupuesto universitario incluye tanto salarios, programas de becas estudiantiles de grado y posgrado, como gastos operativos, los cuales son esenciales para asegurar las funciones universitarias de docencia, investigación y extensión.

*Frente a esta situación el conjunto de las Universidades Nacionales reclama al Gobierno Nacional que cumpla con las reglamentaciones nacionales, lo que implica transferir en tiempo y forma los fondos correspondientes para el normal desarrollo de sus proyectos institucionales.

*Asimismo, resulta imprescindible que se resuelva la cuestión salarial de los trabajadores docentes y no docentes a través de la negociación paritaria con las representaciones gremiales de ambos sectores, evitando que el salario siga perdiendo poder adquisitivo frente al fuerte incremento del costo de vida.

*La educación debe volver a ocupar un lugar central en la definición y orientación de las políticas públicas, situación que debe reflejarse en el presupuesto educativo nacional a fin de dar cumplimiento efectivo a lo establecido en sus proyectos institucionales y de dar respuesta a las necesidades de la población estudiantil, tanto a través de Programas de Becas, como en la implementación del boleto estudiantil universitario.

*El Gobierno Nacional decidió prorrogar el presupuesto de 2023 para este año y según lo estimado a partir de la inflación de los últimos meses (25,5 por ciento en diciembre y 20 por ciento en enero), las casas de estudio podrán funcionar hasta abril o mayo del corriente, ya que a partir de ese momento no estarán en condiciones de cumplir con sus funciones básicas.

*La pérdida del poder adquisitivo del salario de la comunidad educativa y general, es de más del 50 por ciento respecto de la inflación de los meses de diciembre y enero.

*La Universidad de Buenos Aires (UBA) argumentó que el presupuesto universitario abarca tanto salarios como gastos de funcionamiento que permiten garantizar las funciones en docencia, investigación, salud, entre otras. Además, el mantenimiento de la infraestructura de los edificios de la universidad, con sus correspondientes gastos en limpieza, seguridad, servicios públicos, etcétera.

*Dichos gastos sufrieron un impacto de crecimiento al ritmo de la inflación muy por encima del 200 por ciento el último año y un 50 por ciento acumulado entre diciembre y enero del corriente, siendo sumamente necesaria una actualización a los valores actuales. Teniendo en cuenta que el presupuesto con el que se cuenta es el aprobado en el año 2022, quedando insuficiente ante la brutal inflación que tenemos hoy.

*Se vería afectada, entre otras, la aplicación de la Ley para el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 que fija las prioridades para el desarrollo científico y tecnológico del país hasta el año 2030. (03-05-24).