Crecieron los robos y estafas en la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires registró un fuerte aumento de la inseguridad: subieron un 63 por ciento los robos, un 55,4 por ciento las estafas, un 50 por ciento los secuestros, y los homicidios en ocasión de robo se dispararon un 25 por ciento. Los datos difundidos por la Procuración bonaerense en plena campaña electoral no son buenas noticias para la gobernadora María Eugenia Vidal ni para su ladero, el ministro de Seguridad Cristian Ritondo, primer candidato a diputado nacional de Cambiemos en el territorio provincial.

Los datos, que contrastan con el discurso oficialista que hizo eje en el combate a la inseguridad, se desprenden del informe anual sobre el fuero criminal y correccional difundido por el Departamento de Estadísticas de la Procuración General bonaerense.

La directora general de la Comisión Provincial por la Memorial (CPM), Sandra Raggio, sostuvo que «las políticas de mano dura que cercenan derechos son altamente ineficaces para combatir delito, como tanto pregonan. Porque no se implementan para eso, son formas de gobierno, control y represión de los sectores más vulnerables y pobres».

Más investigaciones por hurtos

Según el relevamiento del organismo que comanda el procurador Julio Conte Grand, las investigaciones penales preparatorias (IPP) por diversos delitos aumentaron un 6,6 por ciento anual en 2018 en la provincia de Buenos Aires.

El informe oficial consigna que en 2018 se realizaron 850.908 IPP, 52.423 causas más que las 798.485 de 2017, en los diecinueve departamentos judiciales de la provincia.

Entre los hechos delictivos que más aumentaron están los considerados como «otros hurtos agravados» (en los que hay mayoritariamente uso de arma blanca), con un 63,3 por ciento anual –pasaron de 818 en 2017 a 1.336 en 2018–. En segundo lugar se ubicaron las estafas: 12.971 casos que representan un alza del 55,4 por ciento, seguido por los secuestros extorsivos, con un incremento del 50 por ciento: pasaron de 36 a 54 casos.

En conjunto, los delitos contra la propiedad en el territorio bonaerense registraron una suba del 16,1 por ciento. Desglosados: los hurtos se acrecentaron un 29,6 por ciento, 67.022 hechos que implicaron 15.292 episodios más que en 2017; el robo tuvo un alza del 17,2 por ciento (de 74.157 a 86.935), y el robo agravado con arma de fuego un 3,8 al pasar de 51.408 casos en 2017 a 53.348 en 2018.

A esto se suma que al menos 36.662 vehículos que estaban estacionados en la vía pública de la provincia sufrieron algún tipo de «hurto agravado», es decir, un 5 por ciento más que en 2017.

Más homicidios agravados y por robo

Por otra parte, si bien cayeron los homicidios un 5,1 por ciento, los homicidios agravados aumentaron en la misma proporción, mientras que los homicidios en ocasión de robo treparon al 25 por ciento y los culposos ascendieron 9,3. En tanto los delitos contra la integridad sexual también marcaron un crecimiento: de 13.632 pasaron a 17.503, un 28,4 por ciento más.

Para el integrante de la Asociación de Pensamiento Penal de la Argentina y juez penal de Necochea Mario Juliano, los «datos que se obtienen a partir del SIMP, el sistema integrado del Ministerio, que centraliza todas las causas de la provincia, son datos exhaustivos, que permiten confeccionar informes bastante detallados sobre las tasas de delitos, y arrojan un panorama más aproximativo que las meras intuiciones sobre el estado de la seguridad pública», explicó el juez.

Y agrego que «estos datos deberían permitir fijar una política criminal tomando en consideración los comparativos y ver cuál es la evolución, positiva o negativa, a través del tiempo». En ese sentido, evaluó que «en una primera reflexión, el crecimiento de los delitos contra la propiedad no pueden dejar de vincularse con el aumento de la marginalidad» que alimenta el delito callejero para hacerse de bienes de terceros rápidamente para atender necesidades de la vida.

Lo que los números dicen de la política de seguridad

Por otro lado, «estos números que llaman la atención darían cuenta de que las políticas en materia de seguridad del gobierno provincial, de copamiento territorial y de restricciones en materia judicial no están dando resultados», remarcó, antes de explicar que el otro caballito de batalla de la gestión provincial, que tiene a la lucha contra el narcotráfico como eje, tampoco está funcionando.

El Poder Judicial bonaerense se ocupa del narco menudeo, ya que el Ministerio Público no tiene competencia en materia de narcotráfico, que recae bajo la órbita federal.

Y en ese sentido, Juliano señaló que los datos muestran que «el 11 por ciento de los hombres privados de su libertad en la provincia lo están por narco menudeo. Mientras que esa cifra asciende al 36 por ciento, en el caso de las mujeres. Y este dato es interesante porque marca de qué modo está vinculado este delito con las economías de subsistencia, por qué motivo las mujeres se involucran en el comercio de sustancias estupefacientes».

El penalista también remarcó como indicador de qué tipo de política criminal se lleva adelante, que los datos muestran que «la tasa de delitos creció 6,6 por ciento, pero la población carcelaria se incrementó un 12, pasando de 47.000 a 53.000», personas presas.

En la misma dirección apuntó Raggio, quien sostuvo que el delito sigue creciendo, pero además hay que ver qué tipo de delito. «Los homicidios han bajado, la gran mayoría son robos y hurtos, delitos menores, y esto se relaciona con la orientación de la persecución penal que se dirige a las cadenas más débiles de los mercados ilegales. La lectura no debe ser solo cuantitativa sino también cualitativa, y eso debe ser la base del diseño de políticas de seguridad serias y sostenidas por datos fiables».