El Concejo dorreguense respaldó el reclamo para evitar que la fuga de acusados favorezca la prescripción de abusos sexuales
El cuerpo legislativo local aprobó una resolución que solicita al Congreso el pronto tratamiento de los proyectos vinculados con la denominada “Ley Segovia”, que busca modificar el régimen de prescripción de delitos contra la integridad sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes.

El Concejo Deliberante de Coronel Dorrego aprobó una resolución para solicitar al Congreso de la Nación que otorgue pronto tratamiento a las iniciativas legislativas vinculadas con la denominada “Ley Segovia”, que busca modificar el régimen de prescripción de determinados delitos contra la integridad sexual cometidos contra menores de edad.
La propuesta contempla los proyectos presentados en la Cámara de Diputados por la legisladora nacional Luciana Potenza, de Fuerza Patria, y el diputado Pablo Juliano, además de una iniciativa impulsada en el Senado por Anabel Fernández Sagasti.
El artículo primero de la resolución solicita avanzar con los expedientes 4240-D-2026 y 3913-D-2026, junto con la propuesta presentada en la Cámara alta y otras iniciativas que persigan objetivos similares de protección de las infancias y garantía del acceso a la Justicia.
La iniciativa legislativa conocida como “Ley Segovia” tiene su origen en un caso de violencia sexual ocurrido en 2009 en la localidad bonaerense de Puán. Según los antecedentes incorporados a la resolución, una niña de 11 años fue víctima de abusos por parte de su padrastro, Alberto Martín Del Valle, quedó embarazada y habría sufrido amenazas destinadas a mantener los hechos en silencio.
El acusado permaneció prófugo durante más de catorce años, de acuerdo con los antecedentes expuestos en el proyecto. Su posterior detención abrió una discusión jurídica relacionada con la prescripción de la acción penal y el riesgo de que el tiempo transcurrido durante la fuga obstaculizara el avance de la causa.
Frente a esa situación, Yamila Segovia, hermana mayor de la víctima, sostuvo durante años la búsqueda de justicia. Estudió Abogacía y se convirtió en abogada y querellante de la causa, con el propósito de acompañar a su hermana y evitar que los hechos quedaran impunes.
A partir de esa experiencia, impulsó una campaña en redes sociales que llevó el reclamo al ámbito público y promovió iniciativas legislativas para impedir que la fuga de una persona imputada se convierta en un factor que favorezca la prescripción de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.
La propuesta conocida como “Ley Segovia” apunta a modificar el artículo 67 del Código Penal para establecer que, en determinados delitos contra la integridad sexual y delitos de trata cometidos contra menores de 18 años, se interrumpa el curso de la prescripción mientras el imputado permanezca prófugo, haya sido declarado rebelde o exista una orden judicial vigente de captura o detención.
Aunque los proyectos presentan diferencias en su formulación jurídica, comparten el objetivo de fortalecer la protección de las víctimas y evitar que el transcurso del tiempo impida el acceso a la Justicia.
Acompañamiento institucional
Mediante el artículo segundo, el Concejo Deliberante expresó su acompañamiento institucional a la lucha de Yamila Segovia en defensa del derecho de su hermana al acceso a la Justicia y de la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.
La resolución también plantea que el tratamiento de las iniciativas contemple una perspectiva de derechos humanos, género e infancias, con reconocimiento de las características particulares y las consecuencias de las violencias sexuales cometidas durante esa etapa de la vida.
Por último, dispone remitir copias de la resolución a las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, a los legisladores autores de las iniciativas y a Yamila Segovia. (10-10-26).



