La emergencia en discapacidad obtuvo dictamen y el gobierno la cuestionó
El proyecto que busca declarar la emergencia en discapacidad hasta 2027 para, entre varios puntos, obligar al gobierno nacional a actualizar de manera mensual el valor de los atrasados aranceles para prestadores, obtuvo dictamen de comisión en la Cámara de Diputados y desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) salieron a manifestar su rechazo y tildaron de “regresiva” a la iniciativa pese a la crítica situación en la que manifiesta el sector que se encuentra con reiterados reclamos que se replican en Mar del Plata.
El martes pasado, prestadores de servicios y tratamientos de salud para personas con discapacidad se concentraron frente a la Municipalidad de Mar del Plata para reclamar que se convierta en ley un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación que declara la emergencia en discapacidad hasta 2027. Lo hicieron al concentrarse con velas y al exponer el crítico presente que atraviesan los prestadores por desactualizados aranceles que se suman a las problemáticas históricas como su precarización y los atrasos en los pagos.
La manifestación se realizó en la previa de una reunión conjunta de las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que finalmente un día despupes se reunió y emitió dictamen para que el expediente ya esté en condiciones de ser tratado en una próxima sesión.
El proyecto de ley impulsado por el legislador Daniel Arroyo (Unión por la Patria) plantea que durante la emergencia -hasta el 31 de diciembre de 2027- se debe disponer una actualización mensual del valor de los aranceles y un “financiamiento adecuado y sostenible” de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, de la Agencia Nacional de Discapacidad y de los programas de atención médica además de fortalecer a los prestadores de la Ley 24.901 con la regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social.
“La situación crítica de las personas con discapacidad viene desde hace tiempo, pero objetivamente ha empeorado porque no hubo ningún aumento para las prestaciones que se dan”, sostuvo Arroyo durante la reunión de comisión.
A su vez, sostuvo que la iniciativa plantea la emergencia en discapacidad sobre tres cuestiones centrales: “La primera, es la emergencia a lo que hace a las prestaciones, a los servicios para las personas con discapacidad; la segunda, es la relacionada con las pensiones por discapacidad y las dificultades que enfrentan las personas que quieren acceder a una pensión, o ya la tienen; la tercera, refiere a algo más subjetivo, pero bien complejo, y es el maltrato”.
Por su parte, desde el gobierno de Javier Milei respondieron con un comunicado de la Andis en la que rechazaron el proyecto y lo calificaron como “regresivo” porque “apela a un modelo asistencialista que ya fracasó”.
“Lejos de plantear soluciones sostenibles, esta propuesta multiplica promesas sin una sola mención a cómo se financiarían. Ampliar masivamente el alcance de pensiones o el valor de las prestaciones, sin indicar de dónde saldrán los recursos, es irresponsable. Además, quienes hoy impulsan esta supuesta emergencia son los mismos que durante la gestión anterior generaron atrasos en los valores de las prestaciones, desfinanciaron al sistema y permitieron utilizar las pensiones por invalidez para hacer política”, acusaron desde el organismo nacional.
Las auditorías sobre pensiones por discapacidad y las bajas impulsadas por el gobierno vienen siendo motivo de reiteradas críticas y, en ese sentido, durante el debate en comisiones de Diputados el legislador Arroyo respondió: “Está claro que es necesario hacer una auditoría para identificar dónde están los problemas, pero otra cosa es poner en estado de desesperación a las personas con discapacidad”.
Por su parte, desde el gobierno acusaron que durante el gobierno de Unión por la Patria se “dejó caer el valor real de las prestaciones” y apuntaron que “mientras la inflación en 2023 fue del 211,4%, los aranceles solo crecieron un 93%”.
Durante la protesta realizada en Mar del Plata desde Prestadores Unidos MDP (que nuclea a acompañantes terapéuticos, estimuladores visuales, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicopedagogos, psicólogos, musicoterapeutas y terapistas ocupacionales) mostraron su respaldo al avance de la ley al señalar que en la actualidad “la precarización y el atraso en los pagos ponen en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales para miles de personas”. (06-05-25).
