El Gobierno nacional desmanteló el programa de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer
Profesionales de la salud alertaron sobre la paralización del Programa Nacional de Cuidados Paliativos, con despidos masivos y la interrupción en la compra de opioides esenciales. La medida afecta a pacientes en estado crítico que necesitan alivio para atravesar el final de sus vidas.
El Programa Nacional de Cuidados Paliativos, dependiente del Instituto Nacional del Cáncer (INC), fue virtualmente desmantelado. Así lo denunció la doctora Mariana Pechenik (MN 109663), referente del programa, quien alertó que se suspendieron las compras de morfina y metadona, medicamentos esenciales para el tratamiento del dolor severo en pacientes con cáncer avanzado. Además, se despidieron a seis de los ocho integrantes del equipo, dejando al programa sin capacidad operativa.
“Los Cuidados Paliativos argentinos estamos de luto», escribió Pechenik en sus redes sociales, visibilizando una situación que hasta el momento el Ministerio de Salud no salió a desmentir. En su publicación, la especialista explicó que el programa era fundamental para garantizar el acceso a opioides en las 24 provincias del país, especialmente en las de menores recursos, donde la situación sanitaria es más crítica.
Desde la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMyCP) también manifestaron su preocupación por la situación y solicitaron información oficial al INC y al Ministerio de Salud, sin obtener respuesta. «El programa tenía siete profesionales y, según información extraoficial, quedarían solo dos. No hay garantías de continuidad ni de la provisión de opioides, educación y formación del personal», afirmó Silvina Dulitzky, presidenta de la AAMyCP. Según datos de la organización, solo el 14% de la población que necesita atención paliativa la recibe, un porcentaje que podría disminuir drásticamente ante este recorte.
La decisión del Gobierno generó alerta en los sectores sanitarios, especialmente en organizaciones y familias que impulsaron la Ley de Oncopediatría, aprobada en 2022 pero que nunca llegó a implementarse por completo. En ese marco, médicos especializados advierten sobre un retroceso en materia de derechos humanos, ya que el acceso a cuidados paliativos es considerado un derecho fundamental para quienes transitan enfermedades crónicas avanzadas.
El ajuste en salud no se limita a los Cuidados Paliativos. En el INC, de donde depende el programa, se despidieron a 56 trabajadores, lo que provocó la renuncia de su directora, Verónica Pesce, aunque la dimisión aún no fue aceptada. A esto se suma la subejecución presupuestaria denunciada por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que reveló que el Instituto sufrió una reducción del 55% en la ejecución de su presupuesto durante 2024.
El contexto de ajuste también impacta a otros sectores de la salud. En los últimos días, más de 400 profesionales sanitarios y pacientes firmaron una nota dirigida al Ministerio de Salud denunciando la falta de provisión de medicamentos inmunosupresores para pacientes trasplantados con cobertura pública. La situación, según alertaron, pone en riesgo la vida de 5.400 personas en todo el país, ya que las provincias debieron asumir los costos de compra con presupuestos insuficientes.
Desde el Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, afirmaron que “no hay faltante de entrega” y que los retrasos en la distribución de medicamentos se deben a demoras de los laboratorios. Sin embargo, evitaron pronunciarse sobre el desmantelamiento del Programa Nacional de Cuidados Paliativos, lo que aumenta la incertidumbre sobre su futuro y el de los miles de pacientes que dependían de él. (Data Clave). (25-02-25).
