La UCR presentó su proyecto de reforma laboral con un «80 % de similitud» con el DNU de Milei

Un grupo de legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), encabezados por el presidente del bloque en Diputados, Rodrigo De Loredo, se reunió ayer con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para terminar de definir detalles del proyecto de reforma laboral. Tiene grandes similitudes con el DNU del presidente Javier Milei —un “80%”, según los dirigentes radicales—, pero busca una mayor incentivación del blanqueo y quitar los artículos más conflictivos para que la reforma tenga un respaldo político amplio.

“La reunión fue positiva. Vinimos a cumplimentar con algo que se inició con la segunda etapa del diálogo por la Ley Bases, que está más acortada y acordada de lo que fue el proceso que terminó trunco», aseguró De Loredo. En esa línea, manifestó: «Tenemos diferencias con el estilo del gobierno y con prioridades que ellos no comparten, pero en lo que sí tenemos coincidencias es en cambiar una situación que nos trajo hasta acá. La Argentina necesita imperiosamente una reforma laboral».

Con relación a las similitudes del proyecto que acercó la UCR y el decreto que había enviado al Congreso el presidente Javier Milei, la nueva iniciativa ratifica «la eliminación de las principales multas del empleo, que encarecen y generan una gran litigiosidad». En tanto, también mantiene la idea de la «esencialidad de determinadas actividades», como es el caso de la actividad docente. En este sentido, desde el bloque radical proponen un «equilibrio entre el derecho a la huelga y el derecho a determinadas prestaciones que el ciudadano tiene derecho a acceder».

El diputado radical marcó además algunas diferencias centrales con el DNU, como es el caso de lo que planteó como un «incentivo al blanqueo» de los trabajadores que se encuentran en el sector informal. «Una de las diferencias centrales es que creamos algo que sustituiría de manera analógica la idea de los cinco colaboradores que preveía el DNU. Tenías cinco colaboradores que podían tener comercios y que son considerados empleados en negro», precisó De Loredo. En esta línea, el legislador sostuvo: «Hasta cinco empleados que tengan como piso mínimo un salario mínimo vital y móvil se le exime al empleador de pagar los aportes patronales. Con esto procuramos bajar litigiosidad e incentivar el blanqueo”.

«La diferencia conceptual del DNU con nuestra propuesta es que nosotros entendemos que se queda a mitad de camino con la incentivación del blanqueo», definió De Loredo. El proyecto de la norma que reforma las leyes laborales fue elaborado por la UCR y cuenta con el apoyo de los bloques dialoguistas en el Parlamento. Según adelantaron fuentes del partido centenario, el «80% del nuevo proyecto» es similar al que el presidente Milei intentó aprobar por DNU, aunque luego fue frenado por una medida cautelar.

En esta reedición de la norma, el gobierno buscaría quitar los artículos más conflictivos para que la reforma tenga un mayor respaldo político por parte de los gremios. En tanto, la cúpula de la CGT le pidió detalles al gobierno acerca de los cambios en la ley laboral durante la reunión que mantuvieron este miércoles. Plantearon objeciones con relación a los artículos que complican a los convenios colectivos y el financiamiento sindical. El ítem que mayor preocupación genera entre los gremios es el que refiere a la limitación de los aportes solidarios que propone el gobierno y que el bloque radical mantuvo en el borrador de su proyecto.

Además del presidente del bloque radical, estuvieron presentes en la reunión de este jueves los diputados Soledad Carrizo, Fabio Quetglas, Alfredo Vallejos, Pamela Verasay. Participaron además los senadores Pablo Blanco y Eduardo Vischi. También formaron parte del cónclave el secretario parlamentario de la UCR, Alejandro Cacace; el secretario ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete de Ministros, José Rolandi; y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.

Puntos centrales del proyecto de reforma laboral presentado por la UCR

— Reducción de la carga fiscal sobre el empleo: Propone la actualización de la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y hasta 5 empleados. Esto produce un fortalecimiento de la “competitividad de la economía nacional” y una sustancial disminución del costo laboral (en particular para las PyMEs), que resulta uno de los elementos más distorsivos que atenta contra la formalidad, e impacta sobre los trabajadores de menores ingresos.

— Libertad sindical: Eliminar y prohibir las contribuciones obligatorias emanadas de los convenios colectivos (llamadas contribuciones de solidaridad) para garantizar la libertad sindical. “La inclusión de aportes y contribuciones en las convenciones colectivas de trabajo es incompatible con la naturaleza jurídica de las convenciones, convirtiéndolas en instrumentos para la recaudación de fondos por parte de los sindicatos y perjudica patrimonialmente al trabajador”, sostiene.

— Educación como servicio estratégico esencial: Establecer la educación en los ciclos de escolaridad obligatoria como un derecho humano fundamental, limitando los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho. “Será responsabilidad de quienes detentan la representación colectiva de los trabajadores encontrar el mejor camino para dirimir los reclamos paritarios sin poner en riesgo el futuro formativo de la población”, propone.

— Reducción de la litigiosidad: Derogación de artículos y leyes que complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad, incluyendo aspectos de la ley N° 24.013, ley N° 25.013, ley N° 25.323, entre otras, y reducción sustancial de las multas. Esta medida tiene como objetivo reducir la litigiosidad y disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización.

— Mecanismos sustitutivos de indemnización: Establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización.
Protección contra el despido por discriminación: Agravamiento de hasta un 100% en la indemnización por despido motivado por un acto discriminatorio por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política.

— Registro laboral: Implementar de un sistema simplificado y electrónico para el regristro laboral, asegurando eficiencia y simplificación de los trámites.

— Periodo de prueba: Extender el período de prueba a seis meses, con posibilidad de terminación de la relación laboral sin derecho a indemnización, pero con obligación de preavisar. (Perfil). (12-04-24).