Canosa, Di Marco y el odio: las 500 denuncias y el alcance de la «libertad» de expresión

Nota escrita por Agustín López Paunero en Big Bang News

Tras las repudiables declaraciones acerca de la salud de la hija de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Florencia Kirchner, que las periodistas Viviana Canosa y Laura Di Marco hicieron sobre su salud, la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, habló con BigBang, cuestionó lo sucedido hace semanas en la pantalla de LN +, y propuso que los comunicadores aborden con más empatía las problemáticas de salud mental y otros temas sensibles para las audiencias y los protagonistas.

¿Cómo movilizaron al área que conducís las declaraciones que hicieron Viviana Canosa y Laura Di Marco sobre Florencia Kirchner?

– En la Defensoría del Público somos representantes de las audiencias. No nos ocupamos solamente de los derechos vulnerados de una persona, sino de la reacción, en este caso de preocupación, de queja, de protesta, que genera en las audiencias en general. Recibimos, teniendo en cuenta que el formulario de la página estuvo caído, más de 500 denuncias. Lo que habla muy bien de la relación del público con su defensoría.

Nosotros nos pusimos a analizar inmediatamente el envío en su totalidad. No el recorte que anduvo por redes. Es lo que hacemos siempre: un análisis sociosemiótico de la pieza en general, porque puede haber un pedido de disculpas, pudo haber habido de parte de la otra conductora -lo que no sucedió- una suerte de relativización de ese diagnóstico a distancia, estigmatizante, criminalizante, vulneratorio de la intimidad. Pero repasamos. En principio, desde el punto de vista de la Ley de Salud Mental, no se puede hacer un diagnóstico a distancia, no está bien revelar datos de los padecimientos mentales y de la historia clínica de una persona, sin su autorización expresa. No se puede hacer una evaluación sin ser profesional de la salud mental, y tampoco, en el caso que hubiera sido un profesional, sin haber intervenido directamente en el caso.

Pero allí lo que hubo, además de una exposición de imágenes de Florencia Kirchner, que no autorizó para que se publicaran en televisión, sino que solamente las subió a sus redes sociales -y esto no implica una autorización-, una culpabilización de la madre. En este sentido, esto constituye violencia política, por razones de género, contra la vicepresidenta, pero que extiende su acción hacia todo el colectivo de mujeres y diversidades, porque lo que se está diciendo allí es que si una mujer se dedica a la política y abandona -entre comillas- a sus hijos, estas son las consecuencias: falta de nutrición materna.

Este diagnóstico aventurado generó expresiones públicas condenatorias también de asociaciones de profesionales de la salud, además de organizaciones feministas y ciudadanos y ciudadanas de a pie. El bien social que generó esta intromisión en la intimidad de la familia Kirchner es nulo. No hay nada que indique que no se pueda atacar o criticar con argumentos el accionar de un funcionario o funcionaria. Pero con argumentos. No con una intromisión, una culpabilización de la presidenta en su rol como madre. Las mujeres que trabajamos y que participamos en política y en todo tipo de actividades sabemos que en la sociedad patriarcal se nos tacha de principales responsables de cualquier padecimiento que tengan nuestros hijos e hijas. Y en el caso de la supuesta anorexia, o supuesta porque nadie sabe si realmente ese es el diagnóstico, se desconoce que es un fenómeno multicausal. No es solamente porque la madre no le prestó atención. Y esto es preocupante.

El dictamen jurídico de nuestro equipo de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos, como consecuencia del análisis semiótico, ya se le hizo llegar al medio, a los denunciantes y al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). La Defensoría del Público no tiene potestad sancionatoria. Lo que hace es ir por el lado del diálogo, promover medidas reparatorias. En este caso hubo un supuesto pedido de disculpas de la periodista, que dijo ‘si a alguien ofendí’, que no constituye un pedido de disculpas. Porque está hipotetizando que las personas podrían no haberse sentido ofendidas, que hay una intervención de la subjetividad de las personas cuyos derechos ella vulneró, que hicieron que se sintieran ofendidas. Y además alegó que hace 30 años que cubre temáticas relacionadas con la psicología y la salud mental, lo cual debería hacerle tomar consciencia de la gravedad de la vulneración de derechos de la acción que cometió.

Uno puede tener 30 años de experiencia como periodista de cine, pero eso no le da la potestad de hacer una película…

-No, por supuesto. Me refiero a que ella, si se dice experta, debería saber que no es recomendable dar a publicidad un diagnóstico o un padecimiento de una persona en situación de cierta vulnerabilidad, porque eso genera un daño que puede ser irreversible. Nosotros trabajamos en cooperación durante el Covid-19, con la Red Argentina de Periodismo Científico, que en general son profesionales de prensa, que se formaron para comunicar esas temáticas. Se supone que si se formaron para desempeñar ese trabajo, lo tienen que hacer a consciencia

El vicepresidente del Enacom, Gustavo López, hizo mucho hincapié en las declaraciones que dio, dejando bien en claro que la censura no es una idea posible. Al mismo tiempo, Viviana Canosa es una persona que ha tomado dióxido de cloro en vivo, hay alguna cuestión que instala el debate de si no hay actitudes que no son censurables. ¿Hay algo en el medio entre la censura y la sanción posterior?

-Sí, en el medio está la Defensoría del Público. Con sus políticas de capacitación gratuitas para medios, con sus políticas de articular mesas de diálogo de los distintos sectores. Nosotros hemos llegado a reparaciones muy satisfactorias y a tomas de consciencia de la necesidad de capacitación en la cobertura periodística y mediática de temáticas delicadas por parte de medios hegemónicos, comunitarios, escuelas, carreras de periodismo, municipios, gobernaciones. De hecho articulamos con los medios públicos del Chaco, para la redacción de un código de ética. Y tienen muchas ejes, pero creo que se podrían resumir en uno solo: tener empatía con el entrevistado o la entrevistada, con los familiares de una víctima de violencia.

Tener la sensibilidad suficiente como para imaginarnos de qué manera actuaríamos si la persona a la que informamos o entrevistando fuera un miembro de nuestro entorno afectivo. La ética, además, es un ejercicio colectivo que no se aprende ni en un manual ni en un libro. Por eso hubo tantas desinformaciones y tantos errores cometidos durante el aislamiento, donde no había un compañero de redacción para mirarnos al espejo y decirle ‘esta palabras que voy a usar, ¿es la adecuada?’, ‘este título, ¿te parece demasiado fuerte?’. ‘esta foto, ¿vos la ves publicable? O a lo mejor la omitimos, para proteger la dignidad de la víctima, o para no generar dolor en sus familiares’. Porque a veces sucede que hay determinadas lógicas de los medios, que son muy difíciles de revertir.

Nos pasa con una señal que cubre muy frecuentemente casos policiales, barriales, que usa mucho el vivo. Y en el vivo es muy difícil controlar lo que la gente dice o las imágenes que se muestran. A veces uno puede correr la cámara, otras veces la imagen se pone delante y es muy difícil de controlar. Entonces nosotros planteamos en esos casos una política de reducción de daños. Con niños y niñas no, con mujeres en situación de violencia no, con personas con discapacidad no. Tratemos de evaluar, en el momento, si esas imágenes deben salir al aire. Y meditamos un poco en equipo qué es lo que tenemos que hacer.

En medio de una grieta tan grande, esta cuestión de ver a lo otro como de mi entorno parece muy difícil…

-Es muy difícil la empatía. Pero nosotros en la Defensoría no miramos el color político de una persona o un comunicador, cuando es objeto de un reclamo. De hecho hemos intervenido en situaciones en que desde algunos sectores del oficialismo en los medios se llamó a violencia. A ir a la 9 de Julio a accionar contra los antivacunas. Son recomendaciones, nosotros no sancionamos. Nosotros decimos ‘ojo que este mensaje puede ser peligroso, puede ser considerado discurso de odio’. Porque no todo lo es. De hecho hay cierto tipo que es punible, que es la incitación a la violencia.

Después hay otros tipos de discurso de odio que no son punibles penalmente, pero que por acumulación pueden llevar a situaciones como la que generó el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta. Acusarla de delitos, de corrupción, muchas veces sin pruebas, reiteradamente, en redes, en medios de comunicación, y entonces crea una animosidad y una violencia, que lejos de mantenerse en el marco de las redes y los medios, salta al mundo real, porque ya no se diferencia demasiado un ámbito del otro.

Como si fuera un reality show, como si se enojara con un integrante de Gran Hermano…

– Creo que nuestra forma de consumir medios, desde el 2009 en que se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y se hablaba sólo de radio y televisión, a la actualidad -y no han pasado tantos años-, cambió radicalmente. En noviembre de 2009 fui a un congreso de periodismo y había una profesora que enseñaba cómo cubrir hechos periodísticos en tiempo real en Twitter. Y yo no sólo no tenía una cuenta, sino que no sabía lo que era. Hoy en día me informo por las redes sociales, consumo radio por streaming, miro televisión por Youtube.

Los soportes digitales son una gran cantidad de los canales por los que recibimos información, y a la vez comunicamos, porque hay que tener en cuenta que las audiencias, por eso nosotros remarcamos que tienen que leer las recomendaciones de la Defensoría en todas las temáticas, para saber cómo articular y construir sin vulnerar derechos las piezas que suben a sus redes sociales. Hoy hay pibes youtuber que tienen más visualizaciones que rating un canal de televisión de aire. Son personas que ya no son consumidores, sino que son productoras de contenido desde sus casas, y tienen que saber cómo construir para no generar sufrimiento, para no dañar.

¿Esta planteada la discusión de cuánto puede estimular la presencia de un medio a un desenlace más fatídico en una situación?

-Sí, en situaciones de intentos de suicidio está comprobado que es desaconsejable la presencia de las cámaras. Y esto no siempre se tiene en cuenta. En una época directamente no se cubrían. Hoy al contrario, si se cubren adecuadamente pueden servir para prevenir. Pero no todo el mundo sabe cómo hacerlo sin promover la acción, sin generar, en el caso de que la acción se concrete, dolor al entorno afectivo de la persona que tomó esa decisión. Pero hay un montón de mitos que nuestras recomendaciones que elaboramos con especialistas en la temática, que quedan muy claros.

Por ejemplo, el suicidio no debe ser diagnosticado en sus causas desde un estudio de televisión, porque como la anorexia, es un fenómeno multicausal. Entonces, cuando uno piensa tantas veces en que, por ejemplo, hay un adolescente que se suicida, y aparece un zócalo que dice ‘se suicidó porque los compañeros le hacían bullying’. Es temerario, ¿no? La carga y la culpa que cae de por vida sobre las espaldas de los chicos y chicas que eran compañeros del suicida, es apreciablemente grave. Esos chicos van a cargar de por vida con la culpa de haber provocado, supuestamente, el suicidio de un compañero. Ahora, ese chico tomó esa drástica decisión, ¿solamente por eso o es multicausal? Porque tenía otras problemáticas en el ámbito familiar, o en el social, o porque estaba deprimido, por otras razones. No se sabe. Es imposible diagnosticarlo a distancia. De la misma manera que es imposible diagnosticar a distancia o determinar las causales de una anorexia.

Justamente te referías a tener políticas de reducción de daños. Estamos viendo que las empresas de la prensa cometen este tipo de errores y faltas éticas. ¿Está planteado en los ejes de la Defensoría formar al público? Para que pueda ver si lo informan mal…

-Sí, lo hacemos constantemente. Y tenemos una línea desarrollada que es la alfabetización mediática e informacional. Que justamente va por el lado de la educación, por la provisión a las audiencias, desde muy temprana edad, de las herramientas necesarias para determinar si una información es verdadera, si algo es discurso de odio. Para instruirlas acerca de cómo comportarse frente a este tipo de situaciones, no dar me gusta, no contribuir a la viralización. Tomás consciencia del modelo de negocios de las plataformas. Porque, ¿por qué las plataformas no regulan el discurso de odio? Porque se viraliza con muchísima facilidad, lo mismo que la desinformación, a una gran velocidad, y en ese recorrido recoge muchos datos. Y las plataformas los venden.

También se meten otros ejes en el daño que se puede causar. Argentina pasó de sostener cierto consenso entorno a los crímenes de lesa humanidad, a tener referentes políticos que reinstalan de forma constante el negacionismo. ¿Cómo se puede parar esa tendencia?

-Básicamente con educación. Nosotros estamos aliados con el Centro Ana Frank, que trabaja las cuestiones de negacionismo. No solamente el del nazismo, sino en la Argentina. Cuando nosotros pensamos en la posibilidad de una legislación que, como en Alemania, el negacionismo sea punible legalmente, no hay consenso. Ni siquiera entre los organismos de derechos humanos. De manera que nos queda la concientización, profundizar las políticas de memoria y de verdad, y de señalar por todas las vías posibles, que es innegable que en este país se cometieron crímenes aberrantes como: secuestros, torturas y asesinatos, robo de bebés, violaciones de mujeres.

Se robaron propiedades. Hubo familias enteras que fueron asesinadas para quedarse con sus propiedades. De manera que cuando alguien me dice que ‘los militares no fueron corruptos’, yo me río. Revisemos de nuevo lo que ocurrió con el gran negociado del Mundial 78. Yo fui testigo en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de que los marinos falsificaban boletas de hotel para estafar a la Armada. Todo lo que en las nuevas generaciones prende, es por falta de información.

Señores, la dictadura no mató solamente guerrilleros y guerrilleras que eran una amenaza para la democracia. Mató obispos, monjas y curas, mató niños, robó niños, mató madres que lo único que hicieron fue buscar a sus hijos. Infiltró un grupo de madres para secuestrarlas y asesinarlas tirándolas de un avión al mar. Para dirimir rencillas internas, asesinó embajadores, economistas, funcionarios, para dirimir las tensiones entre la Marina y el Ejército. Entonces, no fueron errores. Fueron excesos. Fue un plan sistemático. Un plan de terrorismo estatal sistemático. Que tuvo distintas expresiones: el robo de bebés, propiedades, la violación de mujeres. Pero esto es innegable.

Está en la Justicia, y nosotros tenemos el orgullo de decir públicamente, y mundialmente, y con la frente bien alta, que los genocidas, los represores, los violadores, los torturadores, tuvieron derecho a un juicio justo, no como nosotros que fuimos secuestrados, torturados y arrojados al fondo del mar, o fusilados, o eliminados nuestros cuerpos con explosivos. Esto no sucedió nunca. Y durante la vigencia de los 17 años de impunidad entre la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y su caída y declaración de inconstitucionalidad, no hubo expresiones de violencia. Creo que lo máximo que hubo fue un puñetazo a (Alfredo) Astiz. No hubo venganza. No queríamos venganza. Queríamos justicia.

Justamente te pregunté sobre el negacionismo e hiciste la diferencia de decir que no eran solamente guerrilleros y guerrilleras…

-No, y que además, si se comprobaba que alguna de estas personas, perseguidas por las Fuerzas Armadas, había cometido algún delito, el camino era llevarlas ante la Justicia y que fueran juzgadas, condenadas y después recuperaran su libertad. No que las secuestraran, las torturaran, las violaran, les robaran sus hijos, sus propiedades y después aparecieran o no aparecieran nunca.

En esta cuestión que haya negacionismo, lo primero que marcás es que no eran todos guerrilleros y guerrilleras. Yo entiendo que vos no, pero abre un debate de dos demonios. En Francia nadie habla de los muertos de la Resistencia Francesa. Nadie intenta defender a los nazis muertos. ¿Cuál es el delito de una persona que elige defender la democracia y pelear contra una dictadura por la vía de la lucha armada?

-Ahí se abre un debate. El ejercicio de la violencia en un contexto nacional e internacional muy distinto, es muy difícil de analizar con el diario de 30 ó 40 años después. No digo que no sea un debate que no haya que dar. Pero es lo mismo que juzgar a (Domingo) Sarmiento, varios siglos después, porque pasaba boletas de orgías cuando volvía de sus viajes. O a (Justo José de) Urquiza, porque tenía muchos hijos naturales. Hay un contexto de época que no se puede eludir cuando uno analiza lo que sucedía en aquellos años.

Pero la teoría de los dos demonios es incorrecta. Decir que fue una ‘guerra sucia’ es incorrecto, porque no se enfrentaron dos ejércitos. Se enfrentaron las Fuerzas Armadas contra un grupo de jóvenes que peleaban contra una dictadura, y que algunos estaban armados. A ver, el armamento que tenía la guerrilla no se comparaba con el potencial poder de fuego que tenían las Fuerzas Armadas. Pero tampoco se registraron enfrentamientos masivos como para declarar que había dos fuerzas armadas, una más fuerte y otra más débil. Porque más allá de lo nominal, que había grupos que se llamaban ejército.

¿Cómo se le hace frente al avance de los discursos negacionistas y al debate en torno a la libertad de expresión?

– Es un debate que se da dentro de los organismos y que no me corresponde a mí zanjar. Desde la Defensoría a lo que apostamos es a la educación y a la concientización. A que desde los medios de comunicación no se hable de dos demonios, no se hable de guerra sucia. Porque son teorías y calificaciones incorrectas. El concepto de ‘dirty war’ a nivel internacional está siendo muy usado. En cada aniversario de la dictadura, cuando me entrevistan de algún canal internacional como sobreviviente, tengo que señalar que acá no hubo ninguna guerra. Que acá era un ejército contra la población civil. Que eran las Fuerzas Armadas contra las madres, las abuelas, las monjas, los obispos, los curas, los estudiantes secundarios. No eran dos ejércitos.

Fuiste testigo de muchas causas de juicios por crímenes de lesa humanidad y particularmente del Juicio a las Juntas, ¿qué sensación te dejó la película ‘Argentina, 1985’?

-Creo que es un punto de inflexión. El otro día estuve en una escuela pública de un barrio periférico de un pueblo de Córdoba, hablando sobre la dictadura a chicos de quinto y sexto grado. Y el 85, 90 por ciento de los pibes y pibas había visto la película. Me parece que era un instrumento necesario, un instrumento pedagógico impresionante. Más allá de que se le puedan hacer algunas críticas y que nadie está conforme. Lo real es que, finalmente, después de muchísimos años, a alguien se le ocurrió hacer una película sobre este hito de nuestra democracia. Incluso pone sobre la mesa que la Fuerza Aérea la sacó barata porque hubo un pacto político, que había ministros del gobierno de (Raúl) Alfonsín que justificaban la violencia militar alegando que había habido violencia de parte de las organizaciones de la resistencia.

Se señala, incluso, que (Julio César) Strassera no era ningún héroe. Que tenía miedo, lo venció y que en la dictadura no hizo nada. Lo dice una madre de Plaza de Mayo. Están las figuras de las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas en la película. Quienes critican su ausencia, bueno, esa es otra película, si quieren más protagonismo de los organismos de derechos humanos. Esto está visto desde el punto de vista de la oficina de Strassera, de cómo se constituyó. Y reconoce el trabajo de esos pibes y pibas que estaban corriendo riesgos. Y la valentía de los testigos que testimoniaron aun sin tener ninguna garantía de seguridad. Yo me tuve que ir de mi casa y dejar mi trabajo durante dos meses. Y estamos hablando de democracia, una democracia joven y endeble que tenía un año y un poquito más.

¿Ver la película te movilizó?

– Muchísimo, la vi dos veces.

Sin salir del tema, pero con algo que quedó pendiente del negacionismo. ¿Qué te genera que haya representantes parlamentarios cuyo principal eje de acción sea la defensa de las víctimas de los atentados o de acciones de la guerrilla?

-Tuvimos como gobernador de Tucumán a (Antonio Domingo) Bussi. Tuvimos a (Luis) Patti como intendente (de Escobar). Es un país raro, donde quienes estuvieron directamente involucrados en la represión ilegal, participaron en político. Y ahora sus herederos y seguidores también lo hacen, fomentando que la población se arme, presentando a los genocidas como pobres abuelitos inofensivos que deberían deambular libremente por la calle durante sus últimos años de vida. Yo no soy punitivista en general, pero en estos casos no existe rehabiltiación posible.

Escuchando el testimonio de Adolfo Donda, que primero estuvo en la ESMA y luego trabajó para el actual intelectual del asesinato de José Luis Cabezas, (Alfredo) Yabrán, un tipo que no dudó en mandar a matar a alguien porque le habían sacado una foto. Ese hombre, ahora, desde su régimen con ciertos beneficios, le dice a su sobrina que es parte de su familia y de su sangre y que para él la familia es sagrada, cuando, por lo menos, si no estuvo involucrado directamente, toleró el asesinato de su hermano y el parto en cautiverio de su cuñada embarazada, y toleró después que su sobrina fuera regalada como si fuera un gatito, Victoria Donda. Esta gente no puede tener beneficios, no puede volver a la calle. Porque no reconoce su culpa, no se arrepiente, no está rehabilitado, no hay rehabilitación posible en quienes ejecutaron crímenes de lesa humanidad, y lo siguen reivindicando, y a veces negando. (Big Bang News). (19-04-23).