Los lobistas del lobo feroz

Por Sebastián Premici (*)

El Grupo Clarín-Telecom juega con la prepotencia. El Decreto 690/2020 restableció el carácter de esenciales y estratégicos en competencia a los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs, que incluyen telefonía móvil, Internet y cable) además de crear el Plan Básico Universal. Desde su firma, Clarín no paró de boicotearlo. Para ello motorizó a la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA), al Foro de Convergencia Empresarial y al resto de las principales cámaras empresarias.

“Es fundamental evitar los controles de precios”. “El DNU afecta negativamente a una industria que ha incorporado innovaciones y realizado inversiones significativas en los últimos años”. “La repetida intervención del Estado en las actividades del sector privado de la economía afecta el crecimiento económico y el proceso de inversión privada”. Estas fueron algunas de las líneas que los representantes del establishment publicaron en diferentes medios de comunicación.

Pero para los inventores del periodismo de guerra, convertidos en un mega-conglomerado de las TICs tras su fusión con Telecom, la prepotencia no es sólo declarativa. El Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM) había establecido que el aumento para los abonos de cable –luego de que caducara el congelamiento de precios del DNU– permitido para enero debía ser del 5%. Clarín-Telecom lo incrementó en un 20%. No era una cuestión de costos ni de pérdida de rentabilidad. Era prepotencia. Por caso, el año pasado Telecom distribuyó dividendos por 430 millones de dólares valor nominal en bonos con vencimientos en 2030 y 2035.

Ante el incremento del 20%, el Gobierno la intimó a devolver lo que facturó de más. Otras empresas también habían cobrado por encima del 5% autorizado –como Telecentro– pero avanzaron en la devolución. Clarín-Telecom no. Pretendían escudarse en la inminencia de una medida cautelar que congelase no sólo la regulación de precios sino que volteara la definición de “servicios esenciales y estratégicos”, como así también la creación del Plan Básico Universal.

Sobre el cierre de la feria judicial, el juez Walter Lara Correa les rechazó la petición. Igual que cuando litigaron contra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (por entonces era solamente el Grupo Clarín), sostuvieron que sus pretendidos derechos a la propiedad privada estaban por encima del derecho del conjunto de la población. En otras palabras, expresaron su profundo rechazo a la democratización del acceso a servicios claves en pleno siglo XXI y en un contexto de pandemia.

Pero el juez Lara Correa fue claro: en ningún momento expusieron cuál sería la potencial afectación económica declamada. Por lo pronto, Clarín-Telecom deberá devolver lo que facturó como excedente de manera prepotente y ajustarse a derecho. El Estado nacional deberá garantizar que esa devolución sea afectiva.

“Es como una guerra de guerrillas. Nosotros pudimos marcarle la cancha”, analizan desde la Casa Rosada.

Al margen de esta resolución, se abrió un interesante escenario: el gobierno ya les solicitó a todas las operadoras TICs que den cuenta de sus costos. Y se sabe que este tipo de información, para las empresas con poder monopólico, es algo así como la joya mejor guardada.

Rechazo

El DNU 690/2020 fue uno de los caballitos de batalla de todo el establishment para cuestionar la capacidad reguladora del Estado nacional, al igual que el Aporte Solidario a las principales 12.000 fortunas del país, reglamentado el viernes de la semana que concluye hoy.

El conglomerado Clarín-Telecom no sólo criticó la capacidad del Estado de regular los precios de los abonos de los servicios TICs sino la totalidad del decreto. Y esto tiene una lógica.

Una de las primeras medidas que adoptó Macri al llegar al Gobierno fue sancionar el DNU 267/2015, que derogó “gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, abandonándose la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía”, se recuerda en los fundamentos del 690 de agosto pasado.

Con un DNU, Macri eliminaba parte de lo que se había sancionado por ley en 2014 (Argentina Digital), mientras que el 690 de Alberto Fernández restituyó los alcances de aquella norma.

En el texto de su cautelar, Clarín-Telecom hizo hincapié en que un decreto no podía modificar un marco normativo establecido por ley. Cae de suyo que no habían dicho lo mismo cuando Macri los benefició.

“La pretensión de calificar a dichos servicios como públicos modifica radicalmente el régimen legal de las telecomunicaciones y constituye en la realidad de los hechos una confiscación regulatoria de nuestro derecho a fijar las condiciones comerciales y de prestación de los servicios”, argumentó la compañía liderada por Héctor Magnetto en la cautelar que fue rechazada el viernes.

El magistrado Lara Correa fue claro y contundente al sostener que el DNU 690 tuvo por finalidad, en un contexto de pandemia, “la protección del ejercicio de publicar ideas; de profesar libremente el culto; de enseñar y aprender; conectar, comunicar, es decir garantizar los derechos humanos”.

Segmentación

El año pasado, entre marzo y abril, los grandes jugadores de las TICs habían aplicado un incremento en sus abonos que osciló entre el 15 y el 20%. Para julio querían llevar adelante un ajuste similar. El aumento que pretendían estaba por encima de cualquier proyección de la inflación anual. Y en un contexto de pandemia, donde las medidas de aislamiento hicieron que las TICs fueran relevantes para el trabajo, la escolaridad e incluso telemedicina, tales incrementos configuraban una situación de abuso.

Por eso se tomó la decisión de dictar DNU 690/2020, situación que fue aceptada a regañadientes por el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, funcionario que responde a Sergio Massa.

Por otro lado, la mayoría de las empresas pymes y cooperativas (un universo de casi 2.000 compañías en todo el país) no había aplicado aumentos durante 2020. Por eso cuando terminó el congelamiento de precios dispuesto en el mismo DNU el gobierno autorizó subas del 5% para grandes jugadores (Clarín-Telecom, Telefónica, Telecentro, Direct TV) y un diferencial del 8% para pymes y cooperativas. Los pequeños actores TICs tampoco estuvieron conformes con la decisión del Poder Ejecutivo.

“No tenemos un volumen suficiente de usuarios para ofrecer un servicio universal al precio que sugiere el gobierno. No podemos aplicarlo por debajo de nuestros costos”, afirma Antonio Roncoroni, titular de Fecosur.

Su pedido es que el Plan Básico Universal pueda ofrecerse a un valor más alto al establecido de manera oficial. Si el acceso a Internet en el AMBA se fijó en 700 pesos, para Fecosur debería quedar en 850 pesos más IVA. A su vez, reclaman que los ajustes de los abonos contemplen una mayor segmentación. “Que paguen más los que más pueden”, agrega. Es decir, quien contrata un servicio Premium podría cubrir un mayor incremento.

Esta es una idea sobre la que está trabajando el gobierno nacional con todas las compañías del sector. Probablemente en el corto plazo haya novedades vinculadas a los reclamos del universo pymes y cooperativas TICs para que puedan aplicar un mayor trato diferencial al de los grandes grupos económicos.

“No podemos echar por la borda todas las inversiones realizadas por el conjunto de las empresas del sector, pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados ante la prepotencia de algunas”, enfatizan fuentes oficiales.

Desde el Poder Ejecutivo argumentan que las posibles asimetrías a la hora de autorizar incrementos estarían justificadas en un análisis pormenorizado de los costos de cada una de las empresas. De hecho, ya se les solicitó a todas que informen su estructura de gastos, que suele ser el secreto mejor guardado de las empresas con posición dominante y hegemónica, tal como ocurre con las energéticas, situación que se pondrá a prueba cuando se realicen las audiencias públicas para la readecuación tarifaria.

El Grupo Clarín-Telecom argumentó que el DNU 690 ponía en riesgo su rentabilidad pero el juez objetó que en ninguna parte de su cautelar informaran en cuánto se veían perjudicados. Opacidad informativa.

“La actora, más allá de sus manifestaciones, no estimó cuál es la incidencia económica concreta que el congelamiento de precios, los aumentos fijados o el valor del Servicio Básico Obligatorio producen en su economía, de manera tal de acreditar que la denegación de la medida cautelar le causaría un gravamen que difícilmente podría revertirse en el supuesto de que la sentencia final de la causa admitiese su pretensión”, escribió el magistrado.

El Estado pide referencias

“El tema son los precios, no quieren que el Estado les regule los precios”, insisten desde Jefatura de Gabinete. Desde la vigencia del DNU 690, las cámaras empresarias no dejaron de enviar notas formales planteándole al Estado sus quejas sobre la regulación de los abonos y el Plan Básico Universal, un programa celebrado incluso por la titular de la CEPAL, Alicia Bárcena.

Una de las últimas notas que recibió el gobierno tiene la firma de Maryleana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET). En un evento organizado por las principales telcos del país, en septiembre del año pasado, había afirmado que “la regulación de precios es lo más intrusivo de las medidas regulatorias y va en contra de las recomendaciones internacionales que, por el contrario, señalan la necesidad de flexibilizar, eliminar las regulaciones obsoletas y tomar medidas con análisis de impacto”. Desde enero del 2020 Telecom forma parte de ASIET. No es raro entonces que Méndez ejerza de lobista del gran conglomerado TICs.

El tema precios atraviesa a las distintas áreas del gobierno, sobre todo cuando el desafío para 2021 es controlar la inflación. Claramente el sector de los alimentos es esencial. Por eso no solamente se fijaron precios “populares” para un puñado de cortes de carne por un total equivalente al 6% del consumo interno (una medida simbólica), sino que también se establecieron precios de referencias para las exportaciones de carne (para evitar la evasión) y algo similar se estaría analizando con la cadena del trigo.

La búsqueda de precios de referencia parece ser el mayor instrumento del Poder Ejecutivo para controlar los abusos de los sectores concentrados. Por caso, en el marco del DNU 690 y de las mesas de diálogo con el sector comenzó a pensarse en la posibilidad de establecer una suerte de esquema de precios técnicos de referencia para la aplicación del Plan Básico Universal, en sintonía con lo que solicitaron pymes y cooperativas.

¿Los precios de referencia alcanzan para regular y evitar abusos de los sectores más concentrados de la economía?

En contra de las posiciones dominantes

Para José Sbatella, ex titular de la UIF y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, cabría la posibilidad de observar/cuestionar la concentración del conglomerado Clarín-Telecom a través del actual marco normativo.

“Antes de que Multicanal se fusionara con Cablevisión, ambas empresas acordaban de manera simultánea el aumento de precios. Eso era colusión y lo hacían de manera prepotente. Igual que ahora, donde pretenden cobrar lo que quieren por fuera de lo reglamentado”, explica Sbatella.

“Hay un poder de policía subutilizado desde el gobierno. No sé si es por miedo o para no hacer olas de conflictos. Tranquilamente el tema de Cablevisión y Telecom podría revisarse con la actual ley de Defensa de la Competencia”, agrega.

No es un tema menor el que menciona Sbatella, sobre todo en un momento en que deberían definirse los integrantes del Tribunal de Defensa de la Competencia, cuyas ternas ya fueron publicadas en el Boletín Oficial.

Clarín hizo hincapié en una ex colaboradora de Alejandra Gils Carbó como ternada, Johanna Cristallo, pero se olvidaron de mencionar que otros dos ternados, Diego Povolo y Humberto Guardia Mendonca, fueron –al decir y padecer de Sbatella– dos lobistas de Clarín dentro de la Comisión de Defensa de la Competencia, quienes terminaron aprobando la fusión Multicanal-Cablevisión con aval de Néstor Kirchner hacia fines de su mandato en 2007.

En 2017, cuando la Alianza Cambiemos modificó el régimen de Defensa de la Competencia, el diputado Máximo Kirchner puso el acento en lo que por entonces era la inminencia de la fusión Cablevisión-Telecom, habló de los perjuicios que implicaba profundizar la concentración en un sector clave como las comunicaciones y reflexionó sobre lo que había ocurrido diez años antes.

“Creo que hay que tener el grado de independencia suficiente, porque si Néstor Kirchner tuvo un gran error fue la fusión de Multicanal con Cablevisión. Aunque fue discutido, fue un gran error. Después se hizo cargo de esto y peleó hasta el 27 de octubre de 2010; no agachó la cabeza ni se arrodilló.” (Diario de Sesiones del 22 de noviembre de 2017).

Para Sbatella, debería haber una nueva norma sobre Defensa de la Competencia, que además de multas contenga un capítulo penal. Y más que la conformación de un Tribunal, establecer que el área en cuestión pase a ser un ente autárquico.

Lo que está en juego

¿Por qué Clarín-Telecom cobró lo que quiso sin respetar lo establecido por la reglamentación del Enacom? ¿Fue solamente un gesto de prepotencia, una manera de conservar abultados márgenes de rentabilidad o pretende forzar alguna negociación con el gobierno nacional?

El Estado retomó sus inversiones en infraestructura TICs con un plan de 500 millones de dólares a desembolsarse en tres años y con capacidad de ampliarse. El eje está puesto en las cuatro vertientes que maneja la empresa Arsat: internet de alta velocidad para llegar con la señal a países limítrofes, mejorar el actual tendido de fibra óptica, ampliarlo y cerrar los anillos de conectividad.

A su vez, el Presidente Alberto Fernández tiene por delante el desafío de pensar el apagón analógico, analizar posibilidades de Operadores Virtuales Móviles que ingresen a competir en el segmento de la telefonía móvil (y quebrar la división en tercios donde están Telecom, Telefónica y Claro), la regulación del espectro y la futura licitación del 5G, incluida la puja Estados Unidos-China.

“Todo esto está en juego”, coinciden fuentes oficiales y del sector TICs a la hora de analizar los últimos movimientos del “gran conglomerado argentino”.

(*) Nota publicada en El cohete a la luna. (03-02-21).