¿En qué consiste la emergencia alimentaria?

Por Martín Waisman (*)

Los representantes políticos, organizaciones sociales e instituciones como la Iglesia alertaron por el crecimiento de la pobreza y le exigen al Gobierno la declaración de la emergencia alimentaria, como se realizó luego de la crisis que atravesó la Argentina en 2001.

Este miércoles diferentes organizaciones sociales como Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) instalaron una carpa frente al Congreso para reclamar que se sancione una versión unificada de los siete proyectos que tienen estado parlamentario en torno a la emergencia alimentaria. Desde el Poder Ejecutivo se resisten a hacerlo con el argumento de que sus alcances están contemplados dentro la Ley de Emergencia Social, aprobada en 2016.

Esta normativa tuvo como objetivo “promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular, en todo el territorio nacional, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional, con fundamento en las garantías otorgadas al ‘trabajo en sus diversas formas'”. Además, incluyó una ayuda social del orden de los 10 mil millones de pesos para financiar empleos, creó el Registro de Trabajadores de la Economía Popular, el salario social complementario y el Consejo de la Economía Popular.

Desde CTEP sostienen que vienen “solicitando al gobierno nacional la declaración de la Emergencia Alimentaria para reforzar las partidas de alimentos en comedores y merenderos escolares y comunitarios en todas las provincias del país” pero argumentan que desde el ministerio de Desarrollo Social de la Nación la razón de los faltantes radica “en problemas administrativos con los proveedores”. “El Gobierno no puede evadirse de su responsabilidad de garantizar el derecho constitucional a la vida, que nos asiste a todos los argentinos y argentinas, votemos a quien votemos”, agregan.

Hace escasos días, la Comisión Episcopal de la Pastoral Social le pidió al presidente Mauricio Macri que declare “en forma urgente” la emergencia alimentaria y nutricional ante el “severo aumento de la indigencia, la pobreza, la desocupación y el aumento indiscriminado del precio de los alimentos de la canasta básica”. Así se sumó la Iglesia al reclamo que viene sosteniendo el candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, y al que luego le siguieron los intendentes bonaerenses que este martes le entregaron una carta a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

Los jefes comunales peronistas se refieren en la misiva a “la angustiosa situación” que vive la población de la Provincia, que “se viene profundizando mes a mes” y que los municipios se ven desbordados por la coyuntura.

De acuerdo a las cifras del INDEC, la pobreza afecta al 46,8% de los menores de 14 años y el 14,5% de los chicos pasaron hambre en el último año. En el mismo sentido, el último informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), publicado el 26 de agosto, indica que en la Provincia de Buenos Aires “cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes se alimentan en comedores comunitarios en el tercer trimestre de 2018” y que el 7,8% de esos niños “no consume ningún nutriente esencial (carnes, lácteos, frutas, verduras) en su dieta alimentaria diaria”. La UCA destaca que esa inseguridad alimentaria severa, junto con la cobertura de alimentación gratuita, experimentó un fuerte incremento entre 2017 y 2018.

En diálogo con Cenital, el ex ministro de Desarrollo Social bonaerense Daniel Arroyo explica que “la emergencia alimentaria básicamente permite dos cosas: por un lado, reordenar partidas presupuestarias que están para otras áreas y volcarlo en comedores, merenderos y comedores escolares; y, por otro, resolver el tema administrativo, es decir acelerar los procesos licitatorios para que se pueda rápidamente acceder a partidas de alimentos para los comedores, merenderos y comedores escolares”.

“La emergencia es un instrumento que se utiliza en generalmente cuando hay una inundación y el Estado tiene que salir a comprar colchones rápidamente y tiene que salir a colocar esos colchones en los centros de evacuados en una hora. La emergencia está pensada para acelerar procesos administrativos que posibiliten esto”, señala el diputado nacional y jefe del bloque Red por Argentina.

Arroyo precisa que el reclamo consiste en que “que se aceleren esos procesos para que se aumente la transferencias de recursos a las provincias para el tema de la asistencias a las distintas modalidades alimentarias, se licite rápidamente la compra de alimentos y se garantice el abastecimiento de los alimentos básicos, que son leche, harina y fideos”. De esta forma, el dirigente sostiene desde el Ejecutivo “lo que se tiene que hacer es una ley o un DNU que genere la compensación de partidas” y pidió “resolverlo rápidamente”.

(*) Nota escrita en www.cenital.com