“El comunicado de la Juventud radical es repudiable”

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La Mesa de Conducción del Partido Justicialista de Coronel Dorrego emitió un documento tras el comunicado de la Juventud Radical local para recordar los 28 años del Juicio a las juntas militares de la última dictadura, en el que se menciona: “Recordemos el valor de nuestros referentes, démosle su verdadero lugar en la historia, bajar un cuadro lo hace cualquiera, pero fue Alfonsín el que los rebajó al sitio de criminales sin escrúpulos, que es lo que son.”

El justicialismo respondió: “Duele que los jóvenes no conozcan la historia, y aun más que quizás conociéndola, la tergiversen, humillando a quienes la construyeron.

“Bajar un cuadro lo hace cualquiera… Una frase despectiva e hiriente de la verdadera realidad. La verdad es que el gobierno del Dr. Néstor Carlos Kirchner (2003-2007) otorgó un carácter nodal a las políticas públicas y a la acción de la sociedad civil en la promoción y respeto de los Derechos Humanos, luego profundizadas durante la gestión de la Presidenta Cristina Fernández.

“Se sabe que las políticas públicas en Derechos Humanos comprenden los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de incidencia colectiva. La transversalidad de estos derechos, hacen que todas las áreas del Estado, en su propia acción, estén poniendo en práctica los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales, declaraciones y los principios que constituyen la base del Estado de Derecho. El acceso a la educación, la vivienda, el trabajo digno, el salario justo, la protección de la salud, amparo previsional, son ejes irrenunciables de estas políticas.

“Las demandas sociales surgidas durante la crisis de 2001, exigían grandes transformaciones de las instituciones y las prácticas políticas. La exclusión social, la corrupción y el autoritarismo de ese momento, llevaron a que el Estado se percibiera no como garantía de los derechos, sino como una amenaza a las libertades fundamentales.

“Por ello se planteó un abordaje de la problemática de los Derechos Humanos enfocado en cuestiones de importancia estratégica para que la gobernabilidad democrática recuperara los fundamentos éticos del Estado y fuera capaz de erradicar la impunidad y sus efectos perversos.

“Los principios de memoria, verdad y justicia en la construcción de ciudadanía rigieron esta lucha.

“El Gobierno Nacional decidió convertir en Políticas de estado las reivindicaciones de los Organismos Humanos, sabiendo que el país no podía avanzar como Nación sin responder a la demanda de memoria, verdad y justicia, con relación a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976. Todos sabemos que el Terrorismo de Estado no sólo limitó a la desaparición, asesinato y exilio de miles de personas, sino que implicó a su vez, la suspensión de toda actividad política y sindical, la disolución de los partidos políticos y del Congreso Nacional, la intervención de los sindicatos y la prohibición del derecho de huelga.

“Los tres Poderes del Estado y los Organismos de Derechos Humanos no dieron respiro a la lucha contra la impunidad. Se logró la nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de impunidad por medio de la reapertura de los procesos judiciales, y junto a estos juicios, se desarrollaron un conjunto de acciones vinculadas tendientes a preservar la memoria y la búsqueda de la verdad sobre lo sucedido durante la última dictadura militar: Se crea el Archivo Nacional de la Memoria, el Espacio para la memoria y la promoción y defensa de los Derechos Humanos, en el predio de la ex ESMA; la señalización de alrededor de 500 centros clandestinos de detención, la actualización del Informe Nunca Más, se instó y llevó a cabo miles de presentaciones espontáneas de jóvenes que dudan de su identidad ante la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad ( CONADI); se llevó adelante la iniciativa Latinoamericana de identificación de Personas Desaparecidas; la creación de más de 20 unidades de Investigación sobre secuelas del terrorismo de Estado, la extensión de políticas reparadoras para las personas que sufrieron de manera directa violaciones a los Derechos Humanos, la incorporación del patrimonio Documental de Derechos Humanos al Programa memoria del Mundo de la UNESCO; el impulso activo para la elaboración de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas; la desclasificación de distintos archivos de la última dictadura militar; la creación del Centro de Asistencia Integral a las víctimas del terrorismo de estado, entre otras cientos de acciones en pos de la defensa de los derechos Humanos, y por la Memoria, la verdad y Justicia.

“Bajar un cuadro significa todo lo descripto y mucho más. Es toda una muestra política. Un hacer incansable, permanente e integral que no puede ni debe ser humillado con el desprecio de unas palabras ligeras. El comunicado de la Juventud radical es repudiable y aún más por provenir de jóvenes militantes que debieran estar formados. Pero atento el evidente desconocimiento o tergiversación de la historia reciente, se les recomienda que intenten bucear en la historia, y en una de esas recuperan las banderas del yrigoyenismo.” (29|04|13)

8 comentarios en ““El comunicado de la Juventud radical es repudiable”

  1. comparto su comentario señor Anónimo del
    29 abril, 2013 a las 22:51
    seria una lastima que se fuera por la canaleta del el juego y la droga

  2. recuperaron nietos apropiados, metieron presos a los jerarcas, martínez de hoz murió en prisión domiciliaria, etc, pero según algunos solo bajaron un cuadro…

  3. Agosto 30, 2006
    Alfonsín defendió la sanción de las leyes de impunidad

    Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata
    Información de Prensa

    Causa Etchecolatz

    Raúl Alfonsín: “A nadie se le podía ocurrir llevar a proceso a mil militares en actividad”

    Familiares e hijos de desaparecidos recibieron al ex presidente dándole la espalda como señal de repudio. Fue el único testigo de la defensa, pero su declaración resultó desfavorable para Etchecolatz.

    Secretaría Jurídica

    (La Plata,30agosto2006).- El defensor de Etchecolatz, Luis Boffi Carri Pérez, interrogó a Alfonsín acerca de los motivos que llevaron a su gobierno a promover la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida, a lo cual el ex presidente respondió: “niego rotundamente haber sido extorsionado”. Defendió a sus jefes de Estado Mayor: “eran defensores de las instituciones de la Nación pero me hacían conocer la situación en que realmente se encontraba las fuerzas que comandaban. Esto hacía suponer claramente que era necesario producir algún tipo de acción con el propósito de aliviar las tensiones”. Además, afirmo que preveían que el efecto de la ley de punto final, al fijar una suerte de caducidad en la instancia, iba a circunscribir el efecto respecto de los imputados, que suponían serían no más de cien personas. Pero destacó que “fue una ley que no cumplió para nada con los objetivos, sino que tuvo el efecto paradójico de ampliar aún más el universo para quienes aparecían como imputados”.

    Alfonsín expresó que durante su campaña había distinguido tres niveles de responsabilidad: en el primero quienes habían dado órdenes, sobre ellos querían hacer caer todo el peso de la culpabilidad; en el segundo, los que se habían excedido en el cumplimiento de esas órdenes; y por último, los que las habían cumplido, sobre quienes se había decidido no actuar. Respecto a esta cuestión, que le valiera el rechazo unánime de los organismos de derechos humanos, afirmó que “a nadie se le puede ocurrir llamar a mil militares en actividad a proceso”, porque no tenían las fuerzas necesarias. Estas fueron las razones que alegó, argumentando que el fin de las leyes era mantener el orden constitucional y pacificar el país.

    Afirmó que durante su gobierno estaba condicionado por la presión de las fuerzas armadas, que se produjeron levantamientos militares y que lo que intentó fue salvar a la república, saltando muchos obstáculos para lograrlo. También aseguró que el hecho de que hubiera movimientos quería decir que existía por esa época un peligro muy cierto en la Argentina y que seguramente las personas que tengan treinta años podrán no advertirlo y negar la historia. Sobre el final, reconvenido por los querellantes, aclaró que no se refería a los hijos de desaparecidos, que tienen esa edad.

    Sostuvo también que esas leyes “fortalecieron a las instituciones”, pero que fueron dictadas en una situación especial de transición a la democracia, con el propósito de afirmar y asegurar la misma y que pasado el tiempo la justicia estableció la nulidad, lo que permite que sean juzgados casos que habían quedado irresueltos. “Uno se alegra que algunas personas que habían quedado impunes por efecto de la ley sean llevadas a juicio”.

    Defendió también las excepciones que la ley de obediencia debida contemplaba, recordando que para la época de los indultos menemistas había más de cuarenta procesados por su capacidad decisoria.

    El presidente del Tribunal Oral, Dr. Carlos Rozansky le preguntó acerca de su actividad como abogado durante la dictadura. El testigo mencionó que por entonces era Vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Comentó al respecto que trabajaban en el tema, recibían denuncias y firmaban habeas corpus. También recordó que patrocinó algunos casos en particular.

    Con respecto a los habeas corpus presentados, la mayoría resultaban negativos. Durante ese período se presentaron muchos casos de personas desaparecidas y después de un tiempo de trabajo, ya durante su presidencia, la CONADEP sólo pudo registrar nueve mil casos.

    Declaro también que durante su gestión se logró condenar al general Camps, Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y también al Jefe de Investigaciones Etchecolatz, sentenciado a 23 años de prisión.

    Al finalizar la audiencia Alfonsín arremetió contra el presidente Kircher, de quien dijo que está llevando una campaña, que “pareciera que quiere reinventar la historia, porque habla como sino hubiera pasado nada. Cuando pide disculpas porque en veinte años de democracia no se hizo nada, evidentemente se olvida del juicio a las juntas militares”.

    Al finalizar la jornada el público se retiro de la sala y abucheó al ex presidente enrostrándole la impunidad brindada a los asesinos de la dictadura.

  4. “Las demandas sociales surgidas durante la crisis de 2001,(REEMPLAZAR FECHA: 2001 POR 2013) “exigen” grandes transformaciones de las instituciones y de las prácticas políticas. La exclusión social, la corrupción y el autoritarismo de “este momento”, “llevan” a que el Estado se “perciba” no como garantía de los derechos, sino como una amenaza a las libertades fundamentales.”

    (Parrafo de la declaratoria de “la mesa”, modificado SOLO en el tiempo)

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